Los problemas que enfrentan para regularizar su condición migratoria en el país les han obligado a aceptar condiciones salariales incluso por debajo del nivel legal, mientras otros han preferido la informalidad porque ganan más dinero, aunque eso los haga más susceptibles a una deportación que los lleve de vuelta al país del que se vieron forzados a marcharse.

“La mayoría de los venezolanos que estamos aquí vinimos, no porque no nos gustaba nuestro país. Yo amo a mi país, ¿quién no? Me vine, no fue por mí ni por mi esposo, fue por mi hija, porque no me pareció justo que ella viviera ese tiempo donde hay tanta escasez de todo. No hay prácticamente nada, hay muchos problemas con todo. Tomé el riesgo, porque no es fácil emigrar y empezar de nuevo”, contó Candy Nieves, una venezolana que vende chocolates desde finales del año pasado en la avenida Abraham Lincoln esquina John F. Kennedy.

Ella se destacaba a lo lejos en el semáforo de la intersección vial. Su forma de vestir no estaba desgastada ni sucia, como regularmente andan quienes venden en las calles. La joven de 31 años iba maquillada, con una larga melena suelta y su rostro protegido del sol con una gorra. Vestía con zapatos cómodos, jeans, una blusa rosada y una mochila del mismo color en la que guardaba los chocolates que ofertaba.

“Soy licenciada en educación castellana y literatura, tengo una empresa en Venezuela junto con mi esposo (quien ahora es mesero en Dominicana), y por razones de materia prima tuvimos que emigrar y estoy aquí, como quien dice, ganándome la vida”, explicó.

Cuando Diario Libre habló con ella el pasado 31 de enero estaba optimista: tenía la promesa de un trabajo en una cafetería por el que ganaría entre RD$15,000 y RD$20,000. “Hay bastantes venezolanos que he visto y escuchado en las redes que los explotan y les pagan muy poquito sueldo”, se lamentaba.

No obstante, sopesaba el mantener la venta en el semáforo pues no le iba mal; en un día ganaba entre RD$500 y RD$800. Además, aparecían conductores que, cuando se percataban de que era venezolana, le regalaban dinero, como uno que le donó RD$200 y otro que le pidió que conservara la devuelta.

La representante de la Asociación de la Diáspora Venezolana en RD, Ana Rodríguez, señaló que han recibido casos en los que los sudamericanos están ganando salarios de RD$7,000 a RD$12,000 al mes, montos que pueden estar por debajo del ingreso mínimo legal dominicano. “A veces ni siquiera les pagan la liquidación por los despidos”, agregó, tras apuntar que lo usual es que los empresarios cancelen a los venezolanos cada 90 días para evitar problemas con las autoridades por contratar a trabajadores en situación irregular.

“Eso dificulta la vida en general, desde hacer un contrato de alquiler hasta lograr cierta estabilidad. ¿Cómo hacen para sobrevivir? Por eso es que deciden trabajar en la economía informal y uno los entiende, porque a veces ganan hasta el doble de lo que ganarían en una empresa”, dijo Rodríguez.

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Un vendedor de jugos en la avenida Duarte contó que llegó al país hace un año acompañado de su novia. Era estudiante de ingeniería industrial en Venezuela y, apenas arribó a la República Dominicana, comenzó a trabajar en un motel, pero le pagaban RD$9,000 mensuales, así que hace ocho meses decidió vender jugos en esa concurrida avenida de Santo Domingo. Un día de buena venta estima que consigue RD$1,000.

Solo 1,075 con contratos por tiempo indefinido

De los 19,800 a 25,000 venezolanos que ahora viven en la República Dominicana, entre enero y noviembre pasado solo 1,075 aparecían registrados en el Sistema Integrado de Registros Laborales (SIRLA) en la sección Planilla de Personal Fijo, que es donde se asientan los empleados con contratos por tiempo indefinido. En 2015 aparecían 831 en esa condición, de acuerdo a los datos que maneja el Ministerio de Trabajo.

“Hay empresas que se están aprovechando de una mano de obra que tiene un nivel educativo y los hacen firmar contratos en condiciones de poca legalidad. No es correcto que se pacten condiciones laborales por debajo de lo que dice la ley”, señaló Rafael “Pepe” Abreu, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS).

Pidió que se respete la seguridad social de los migrantes, el Código de Trabajo y sus condiciones generales, y que los “traten con la debida consideración como trabajadores que son”.

La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) dijo que no han recibido casos de violaciones de los derechos laborales a la población venezolana en el país.

“Copardom reitera su posición de que las normas y legislaciones vigentes son de cumplimiento obligatorio, ante ello, insta a las empresas a cumplir sus obligaciones (…) Independientemente de la nacionalidad de la mano de obra contratada, la empresa debe cumplir con la totalidad de las normas vigentes”, respondió la patronal por escrito.

Abreu expresó que “Venezuela nos sirvió de refugio y nos dio empleos en los años 80 y nosotros deberíamos retribuir ese apoyo”.

El sociólogo J. de Frank Canelo, en su libro Dónde, por qué, de qué, cómo viven los dominicanos en el extranjero, recuerda que un factor importante que atraía a los criollos hacia Venezuela hace cuatro décadas fue que en el país sudamericano se implementaban planes de desarrollo y se necesitaba a miles de trabajadores.

El dominicano en Venezuela hacía trabajos de manufactura, limpieza, mantenimiento de hoteles y servicios en restaurantes. De Frank cita que datos oficiales del Departamento de Extranjería de Venezuela calculaban entre unos 23,000 y 30,000 dominicanos legales e indocumentados residentes en Caracas.

Indica que para los últimos meses de 1980, Venezuela ejecutó un plan de amnistía para que los indocumentados se legalizaran. De Frank destaca que casi 4,000 dominicanos se registraron y quizás un número indeterminado no lo hizo por temor a ser expulsado del país.

Una base de datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas registra que en 2017 eran 14,972 los dominicanos que vivían en Venezuela, siendo menos que los 18,280 de 1990.

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Actualmente, algunos países latinoamericanos han facilitado no solo la regularización de la condición migratoria de los venezolanos, sino que incluso han activado medidas especiales que les permiten a quienes llegan a esas naciones trabajar y estudiar sin pasar por una burocracia que alargue los procesos.

Colombia cuenta con un Permiso Especial de Permanencia, cuya tramitación se activa por temporadas. Por ejemplo, aunque desde la semana pasada ese país ha restringido los ingresos de los venezolanos por los puntos fronterizos, quienes ya estaban en Colombia antes del 2 de febrero tienen hasta junio de este año para tramitar el documento para el que solo se necesita un pasaporte con el sello de entrada al país, un certificado de no antecedentes penales y no tener medidas de deportación en proceso. El Permiso Especial de Permanencia, cuyo plan especial de expedición se autoriza por segunda vez, tiene una vigencia de 90 días que pueden ser prorrogados hasta por dos años.

Perú ha aplicado también procesos especiales similares para venezolanos, incluso desde antes que Colombia. En tres oportunidades la nación andina ha activado un Permiso Temporal de Permanencia para el que solo es necesario demostrar que el venezolano entró antes de cierta fecha por un puesto fronterizo y que no tiene antecedentes penales.

El reciente estudio “Estado de las migraciones que atañen a la República Dominicana”, presentado por el Centro de Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (Obmica), revela que la inmigración venezolana en la República Dominicana en la actualidad es el segundo colectivo más importante después de la población haitiana.

Para el informe entrevistaron en agosto del año pasado a la viceministra de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios, Marjorie Espinosa Rouge, quien dijo a ese centro que “siempre debe haber un equilibrio entre la parte política y la gestión migratoria”. “Hemos asumido un rol de mediador en la solución estructural de la situación en Venezuela (…) No tenemos requisito de visado para los nacionales venezolanos. Ellos entran directamente a nuestro país. De ahí no tenemos la necesidad de la visa humanitaria porque como quiera entran”, dijo.

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El provecho de unos, el infortunio de otros

Una pareja de venezolanos que llegó al país en 2016, compuesta por un fotógrafo y una trabajadora del área sanitaria, intentaron regularizar su situación a través del empleador de ella: un centro de salud. Con una carta que le hicieron a la señora, procuraron conseguir una visa de trabajo.

“La llevamos al Ministerio de Trabajo y de allá nos contestaron que el empleador no cumple con el monto de los salarios mínimos que debe pagar a sus empleados de acuerdo a la declaración de valor de existencia de su empresa, entonces hasta que el empleador arregle eso, nosotros no tendremos la certificación”, dijo el fotógrafo con un aire de impotencia.

De hecho, su esposa gana un salario inferior al que reviste su posición por no tener los documentos legales para trabajar.

“Uno tiene que agradecer que le dan la oportunidad, pero uno también ve que se aprovechan”, se quejó.

Diario Libre solicitó una opinión del Ministerio de Trabajo sobre las condiciones laborales de los venezolanos pero al cierre de esta edición no se había recibido.

Las vacaciones de la ejecutiva: a ser empleada doméstica

Los US$8 que ganaba al mes en Venezuela ya no alcanzaban para cubrir sus necesidades y las de sus hijas de 15 y 17 años. La ejecutiva del área de contabilidad de una empresa privada en Venezuela -que tiene relaciones con el Gobierno de ese país- decidió tomar tres meses de vacaciones pendientes y hacer un movimiento arriesgado: irse de Barquisimeto a la República Dominicana a buscar un trabajo temporal.

“La comida, en el momento en que me trasladé para la República Dominicana, era demasiado difícil su adquisición -recuerda- porque en los anaqueles no existía nada que no fuera desinfectante ni cloro. Para el resto de los alimentos había que hacer una cola inmensa para ver las posibilidades de poder adquirirlos, inclusive llegaba uno a que te dieran un tique, sin compromiso de que llegara la mercancía hasta donde uno estaba en la fila”.

Comprar productos básicos en Venezuela es una ruleta rusa. La rampante escasez de alimentos y medicinas que se registra desde hace años y la hiperinflación que afecta a la nación sudamericana han cambiado la cotidianidad de sus habitantes. Para que una persona pueda comprar alimentos, debe hacer largas colas que se forman frente a los supermercados a ver si lo que necesita llega al establecimiento.

En medio de la generalizada escasez, el gobierno de Nicolás Maduro instauró en 2016 los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos popularmente como CLAP, en un intento por acabar con las colas. Para comprar una bolsa de productos básicos como harina de maíz, aceite, pasta y leche, por ejemplo, las personas se deben inscribir en registros que manejan las comunidades, que luego transfieren al gobierno central para que les despachen los productos. Pero hay quejas y protestas porque el sistema tiene fallas. En muchos casos, los alimentos terminan por conseguirse a cualquier precio en mercados negros de productos.